Círculos de Solidaridad

defensa de la democracia

Hacia el rescate de la Democracia

02 agosto 2022

El panorama tiende a agravarse porque Iván Duque tiene la presión de su mentor y del partido de gobierno para incrementar la represión y ahogar en sangre la protesta social y, de la propia fuerza pública que con la violencia refuerza su poder armado y, la presión para que no ceda en el diálogo social. Si se debilita lo amenazan con un golpe de Estado. Y ante la barbarie en curso, desde la resistencia se advierte que se puede llevar el país a una nueva guerra civil.

No habrá golpe de Estado, porque no sería sostenible, se incrementaría la resistencia civil en millones de personas que pronto derrumbarían las tentativas autoritarias. En Birmania la Junta Militar que dio el golpe de Estado el pasado 1º de febrero no se ha caído ante las manifestaciones de repudio multitudinarias y el nacimiento de una nueva resistencia armada porque cuenta con el apoyo de China y de Rusia, pero la dictadura caerá y los militares responderán por sus crímenes ante la justicia. Y Colombia no cuenta con ningún aliado en el concierto de las naciones para una aventura militar de ese propósito y se caería muy rápidamente. Estados Unidos que ha sido el aliado tradicional de Colombia, no respalda ni respaldaría un régimen de extrema derecha, que además se inmiscuyó en las elecciones presidenciales de ese país a favor de Donald Trump.

Tampoco habrá guerra civil, aunque se incremente la violencia estatal y paramilitar, porque la respuesta violenta de la población agobiada por la represión sólo generaría más violencia. El pueblo humilde sólo tiene la resistencia y la desobediencia civil como su principal método para alcanzar los cambios que requiere. Aunque algunos pueden ver en la efervescencia de la movilización popular una posible insurrección que derribe el establecimiento y el propio Estado, lo cierto es que sólo se generaría más anarquía y muerte al promoverla, la población civil sería masacrada. Y si hipotéticamente el pueblo pudiese tener sus generales y las armas para hacer frente a la guerra que provoque el propio Estado, incluso si se llegase a ganar, sería sobre el costo de cientos de miles de vidas y un país totalmente arruinado, lo que sería una victoria pírrica, que por inhumana debe ser totalmente descartada. Queda entonces respaldar las movilizaciones pacíficas y la resistencia civil.

¿La renuncia del gobierno de Iván Duque podría ser una solución a la crisis? Si renuncia Duque asumiría la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, lo que tampoco sería una solución y si a ella se le exigiese también la renuncia o ella renunciara la misma tendría que ser aceptada por el Senado de la República, art. 295 de la CP y Ley 5° de 1993 y el Congreso en pleno tendría que elegir Vicepresidente en los 30 días siguientes, en su ausencia asume el ministro del Interior. El nuevo vicepresidente, quien asumiría la presidencia, debería ser del mismo partido político de la vicepresidenta. Lo cual en últimas sería más de lo mismo. Tampoco lo es la propuesta de anticipar elecciones porque se rompería el orden constitucional, sentando un pésimo precedente que en el futuro abriría la puerta a arbitrariedades sin fin.

El Congreso puede ejercer la moción de censura sobre los ministros que una vez aprobada les obliga a dimitir, pero no puede alterar el período constitucional del presidente electo. La revocatoria del mandato sólo opera como mecanismo de participación y control ciudadano para los cargos de alcaldes y gobernadores. Frente al incumplimiento de las obligaciones constitucionales del Ejecutivo, nos corresponde defender el principio democrático y de legalidad, un mayor caos institucional sólo le favorece a la facción política en el poder que puede pretender cambiar las reglas de juego democráticas para quedarse en el gobierno más allá de lo posible institucionalmente, negar los derechos políticos de la población y de las demás fuerzas políticas.

Nuestra tarea, como ciudadanos que debemos defender y difundir los derechos humanos, la paz, la justicia y el Estado Social de Derecho es el de multiplicar nuestra voz para ponerle límites a un desbocado poder represor y evitar que la democracia ya herida, colapse.

Tampoco lo es la propuesta de una asamblea nacional constituyente, pese al atractivo que representa el éxito de la movilización popular chilena que por fin puede librarse de la Constitución heredada del dictador Pinochet, con una elección popular que no sólo ha asegurado la mitad paritaria en la participación femenina y la participación de los pueblos étnicos, sino de las fuerzas progresistas que lograron una gran victoria en las elecciones del 16 de mayo que por sus mayorías permitirán el cambio estructural del Estado chileno. Pero la asamblea constituyente no es la mejor opción para nosotros, porque como ya vimos uno de los problemas centrales es que no se cumple con los fines de la Constitución y, porque su convocatoria es un proceso complejo e incierto, que podría prestarse para romper el orden constitucional en provecho de la clase política tradicional y del partido en el poder.

No debemos olvidar que estamos ad portas de la elección de un nuevo poder legislativo y un nuevo gobierno, donde debe centrarse la apuesta política de cambio, liberar el Estado de las mafias y de la corrupción que lo han cooptado es un inmenso reto y se puede lograr a través del pleno ejercicio de los derechos políticos de la población, ejerciendo el derecho al voto y salvando la democracia.

Sin embargo, en este plano, es preciso preguntar ¿Si el pueblo es soberano, si la mejor forma de control de los abusos de poder y de defensa de la democracia es la movilización popular, qué sentido tiene negociar con un gobierno que pierde progresivamente la gobernabilidad, qué sentido tiene pactar con un Ejecutivo en crisis que viene dando palos de ciego?

¿Cómo dialogar mientras siguen desapareciendo jóvenes, siendo el reclamo esencial que se establezca el paradero de cada persona reportada como desaparecida desde el inicio del paro el 28 de abril? ¿Cómo dialogar sin que el gobierno reconozca las violaciones de derechos humanos cometidas durante el paro nacional?

Mientras subsista este escenario de represión ilegitima del Estado, dialogar no solamente es inane sino contraproducente. Iván Duque debe liberarse de una buena vez del yugo de su mentor y facilitar el cambio de rumbo de la nación, ejercer un gobierno de transición con personas de irreprochable vida pública en los ministerios y que puedan interpretar y ser reconocidos desde el movimiento social como interlocutores respetables que permitan las reformas urgentes que el país requiere tanto en la conducción del gasto público como en las nuevas leyes que aún pueden aprobarse para ayudar a superar la crisis.

La única respuesta viable en las condiciones actuales implica un pacto social con todas las expresiones juveniles y fuerzas sociales que jalonan las movilizaciones y el paro nacional. Pero para que ello sea posible el gobierno debe asumir sus responsabilidades políticas, separar de inmediato al ministro de la Defensa, a la cúpula de la Fuerza Pública y a todos los comandantes operativos de la misma que han conducido al país a la grave crisis de derechos humanos por sus operaciones ilegales de represión, que han suscitado el repudio de la sociedad en general y condena unánime de la comunidad internacional. Y por supuesto se deben establecer las responsabilidades penales.

Para generar las condiciones que permitan un genuino diálogo y un pacto social, además de lo ya mencionado, Duque debería suspender las aspersiones con glifosato, implementar con responsabilidad el Acuerdo de Paz, proteger a los firmantes del mismo, reconocer la legitimidad e importancia de los liderazgos sociales, de la defensa de los derechos humanos, de la protección del medio ambiente, iniciar desde ya una profunda reforma de la Policía e impulsar la formación en democracia de toda la Fuerza Pública. Y debe reconocer que detrás de las movilizaciones ciudadanas hay una inconformidad legítima de la población y su gobierno debe dejar de estigmatizar el paro nacional, reconocer que esta movilización popular sin precedentes no obedece a orientaciones de un personaje, o de una fuerza política, que es plural, que es diversa, que es espontánea, que es democrática.

Como conclusión, Iván Duque debería impulsar un pacto social que comience por remediar el hambre que padecen millones de personas, implementar con seriedad el Acuerdo de Paz, crear fuentes de trabajo para la juventud, oportunidades reales de educación y pactar las demandas principales de la ciudadanía movilizada. Duque tiene aún la opción de ser repudiado y perseguido el resto de su vida por haber conducido el país al caos, al abismo o, de rectificar en el último año de su mandato siendo capaz de escuchar las demandas populares e implementarlas de buena fe.

Llamo por último a todas las personas que impulsan y se movilizan para reclamar sus derechos, a los que han hecho del Paro Nacional una consigna de amor social y de resistencia civil, que lo sigan haciendo de manera pacífica, que sigan creciendo las primeras líneas de los jóvenes y de las madres y de los indígenas, evitando hasta donde les sea posible las infiltraciones y los hechos vandálicos. La violencia sólo le sirve a la extrema derecha que quiere pretextos para la declaratoria de la Conmoción Interior y la ruptura de lo que queda del orden constitucional para impedir o aplazar las elecciones del año próximo ante la inminencia de su derrota electoral.

También llamo a quienes compartan nuestras profundas convicciones democráticas para congregarnos en una primera línea en defensa de la vida y de la democracia, para evitar el vacío de poder que quiere como pretexto los extremistas argumentando “falta de autoridad” gubernamental para provocar un mayor caos y el colapso de la república. La única salida posible es permitir que además del pacto social, la democracia se renueve y se fortalezca en unas elecciones libres y transparentes. La alternancia de poder puede detener esta bomba de tiempo de impredecibles consecuencias, por tanto, es nuestra obligación defender la movilización social pacífica, promover el pacto social y asegurar que se cumpla con el calendario electoral en curso.

La juventud salvó la democracia chilena, la voluntad popular expresada en las urnas este domingo 16 de mayo logró una composición mayoritariamente progresista en la asamblea nacional constituyente que renovará la institucionalidad y la democracia chilena para bien de su pueblo y de toda la región. Este es el ejemplo chileno que debemos seguir, el pleno ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía, no el de los herederos ideológicos de Pinochet ni de los nazis agiotistas que han traído como docentes para adoctrinar a una fuerza pública dispuesta a masacrar a su pueblo. Es la hora de la palabra, no de las balas.

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